El
viernes 19 de abril la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de
México fue invadida de forma violenta y capturada por una veintena de jóvenes
encapuchados. Entre sus múltiples demandas, la principal consiste en la re instalación de cinco jóvenes expulsados del CCH (a raíz de la comisión de
actos de violencia en el mes de febrero). Dichas expulsiones fueron confirmadas
el martes pasado por el Tribunal Universitario y parece no haber posibilidad de
dar marcha atrás; sin embargo, el edificio de Rectoría continúa bajo su
control. Por su parte, las autoridades universitarias han presentado una
denuncia ante la PGR y, así, transferido a dicha autoridad la responsabilidad
de decidir el curso de la acción en el asunto.
Es
necesario situar la toma de Rectoría dentro del contexto social que se ha
producido en los últimos meses. En este sentido, ha incrementado la notoriedad
de agrupaciones sectorizadas con un cariz violento: los anarquistas del primero
de diciembre, el magisterio de Oaxaca y Guerrero, los grupos de autodefensa de
la misma región y la reaparición de grupos zapatistas. Parecería que el regreso
del PRI y sus primeras acciones en el gobierno han modificado los arreglos
sociales existentes provocando un reacomodo en las distintas fuerzas del país.
Todos estos grupos, en mayor o menor grado, han puesto en entredicho la
capacidad del gobierno para mantener el Estado de Derecho. La toma de Rectoría
desafía también al gobierno aunque representa un caso especial, no por el reto
que implica desalojar a un grupo pequeño de jóvenes, sino por el simbolismo que
conlleva hacer uso de la fuerza pública en la universidad. Ante un escenario
así, reaparecen los fantasmas del pasado, aquellos que de forma justificada han
deslegitimado el uso de la fuerza por parte del gobierno. Alrededor de estos
fantasmas se ha elaborado una narrativa que reprocha el uso de la fuerza
pública en cualquier instancia y que, bajo el argumento de la represión, inhibe
al gobierno de su uso. En este sentido, no es necesario remontarse mucho atrás
para encontrar episodios que dan sustento a esta narrativa, por ejemplo las
violaciones a derechos humanos (documentadas por la CNDH) del primero de
diciembre del año pasado.
El
reto que tienen frente a sí las autoridades al mando de la fuerza pública,
consiste en modificar esta narrativa, cosa que comenzaron a hacer, así fuera de
manera tentativa, en la remoción del bloqueo en la carretera de Acapulco. No es
menor que ahora dichas autoridades cuenten con el respaldo de la legitimidad democrática
para ejercer la fuerza (lo cual no ocurría con los gobiernos del siglo XX). Sin
embargo, para que este cambio de paradigma se produzca, es necesario que se
acompañe de hechos que lo sustenten, lo que significa impedir que el uso de la
fuerza derive en excesos. La dificultad de lograr un uso estratégico de la
fuerza se incrementa ante la aparición de más casos similares (como la reciente
toma de la rectoría de la UAM), pues aumentan las posibilidades de cometer
errores que deslegitimen su uso y refuercen la narrativa vigente. Quizá sea
este el verdadero objetivo de los grupos violentos.
Con
todo, quedan muchas interrogantes: ¿se trata de un conjunto de movilizaciones
coordinadas o cada una es independiente? ¿existe un objetivo de desafiar la
autoridad del gobierno o se trata de conflictos emergentes que se presentan de
manera natural? ¿hay políticos prominentes involucrados y manipulando a los
contingentes o se trata de ciudadanos enarbolando causas propias?
En
el caso de la UNAM, una vez que la opción del diálogo fue descarta y desde que
la denuncia fue realizada, los costos políticos de postergar la acción
policiaca aumentan, pues el mensaje que se transmite es el de una autoridad
titubeante. La importancia de mandar los mensajes adecuados, en relación con la
capacidad del gobierno para obligar a respetar el Estado de Derecho, aumenta
ante la inminencia del debate energético (la mayor apuesta del actual
gobierno). Intentar una reforma de esta naturaleza tiene altas posibilidades de
polarizar a la sociedad y favorecer la radicalización de ciertos sectores
sociales. Al gobierno le conviene que desde ahora quede demostrada su eficacia
para responder a situaciones de riesgo, de lo contrario solo contribuirá al
sobrecalentamiento de una olla de presión. Para ello será crucial tener clara
la naturaleza del fenómeno que enfrenta.
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