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Finalmente, el Senado de
la República ha dado su aprobación a la reforma en telecomunicaciones derivada
originalmente del Pacto por México. Si bien el
contenido de la reforma aprobada por el Senado sufrió modificaciones en tres
vertientes distintas, su esencia permaneció intacta.
La primera vertiente de
modificaciones tuvo un objeto muy definido: mejorar la rendición de cuentas de
los nuevos órganos a través de la presentación de programas de trabajo anuales,
informes trimestrales o la creación de contralorías internas. En este mismo
sentido se encuentran los cambios asociados, por ejemplo, a la posibilidad de
que el Senado preserve su capacidad para remover a los comisionados en caso de
faltas graves. En general, los cambios asociados a esta primera vertiente son
sensatos, aunque quizá el envío de reportes trimestrales puede resultar un
tanto engorroso en la práctica.
La segunda vertiente de
modificaciones está vinculada a mejorar el pool de candidatos que, en su
momento, habrán de integrar los plenos de estos órganos colegiados. Las
modificaciones reducen el nivel de experiencia profesional mínima de cinco a
tres años, que los candidatos habrán de demostrar para poder participar en el
proceso de selección y reducen también ,nuevamente, de cinco a tres años,el
tiempo mínimo de separación de actividades profesionales dentro de algún grupo
de interés económico que forme parte de los sectores regulados.
Estas
modificaciones no alteran la esencia de la reforma y preservan el importante
principio, ya que cualquier candidato deberá acreditar tener el suficiente
conocimiento técnico para formar parte de las ternas que serán sancionadas por
el Ejecutivo federal. Quizá la única observación en el tema de la selección de
los nuevos comisionados se encuentre en línea con la recomendación que esta
semana emitió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), donde se sugiere,
entre otras cosas, que la identificación de los nuevos comisionados se realice
mediante un proceso de selección más amplio que incluya distintas fases, como
las de trayectoria profesional y educativa; examen de conocimientos técnicos y
una serie de entrevistas con paneles de evaluación para discutir casos
específicos en materias relevantes y/o principios de política regulatoria o de
política de competencia.
Finalmente, la tercera
vertiente de modificaciones realizadas por el Senado son de carácter más
estructural por sus implicaciones económicas. El tema central en esta última
vertiente se refiere a la posibilidad de que los tribunales puedan otorgar suspensiones
sobre los actos de autoridad que puedan afectar a las empresas reguladas. En
particular, las modificaciones del Senado avalan el otorgamiento de la
suspensión cuando las decisiones de la autoridad involucren la desincorporación
de activos o la imposición de sanciones económicas. En lo concerniente al
otorgamiento de la suspensión en casos que involucren la desincorporación de
activos, la modificación me parece sensata. Es un hecho que una decisión que
involucre la desincorporación de activos tomada bajo la base de un análisis
superficial y técnicamente poco robusto por parte de la autoridad en
situaciones donde no existe la suspensión podría imponer costos económicos
irreversibles a las empresas. En lo referente al otorgamiento de la suspensión
en el caso de la imposición de sanciones económicas, la modificación del Senado
es un poco más discutible. Si bien es cierto que la imposición errónea de una
multa a una empresa en particular genera un impacto negativo sobre sus flujos
de ingresos, también es cierto que este impacto es perfectamente reversible en
caso de que la empresa sancionada gane finalmente el litigio. Se ha mencionado
que el otorgamiento de la suspensión en este caso busca proteger los intereses
del Estado mexicano porque, en caso de la imposición errónea de una multa, el
Estado tendría que reembolsar el monto inicial de la sanción más los intereses
acumulados, lo que incrementaría el costo económico para el Estado.
Este argumento, sin
embargo, necesita ser matizado. Primero, si la reforma fuera complementada con
la instrumentación de juicios sumarios en la resolución de los casos sujetos a
litigio, el posible costo financiero del Estado asociado a los intereses
acumulados sería sustancialmente menor y probablemente, no relevante. Segundo,
y quizá de manera más importante, el riesgo de imponer “sanciones espurias”,
esto es, la imposición de sanciones sin mayor soporte técnico y económico,
podría controlarse generando una estructura de incentivos que establezca la
compartición de responsabilidades que derivan de la imposición errónea de una
sanción económica entre el Estado mexicano y los funcionarios que técnicamente
avalaron su imposición en una primera instancia. Quizá por esto, el
otorgamiento de la suspensión en el caso de sanciones económicas me parece una
especie de second best en las modificaciones realizadas recientemente por el
Senado de la República.
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